Se recomienda la derogación del Decreto 3.500 que regula el sistema de pensiones y la solicitud al Ministerio Público de abrir investigación para determinar responsabilidades de la Superintendencia de Pensiones y órganos reguladores.
Por 7 votos, 1 en contra y 1 abstención, se aprobó el Informe de la Comisión investigadora sobre fiscalización a inversiones de las administradoras de fondos previsionales (AFP), en el que se entrega un duro diagnóstico con recomendaciones y críticas a la fiscalización y funcionamiento del actual sistema de pensiones.
El presidente de la Comisión, el diputado Rodrigo González, manifestó que esta instancia “estableció que el sistema de AFP chileno no ha cumplido cabalmente su misión, especialmente porque no ha entregado las pensiones que se prometieron el año 81 cuando se promulgó el decreto ley 3.500, que regula el sistema de pensiones”(…) Incluso, agregó, “ha bajado la cobertura y se han enriquecido con los fondos de pensiones que alcanzan a 183 mil millones de dólares”, monto, que finalmente “ha ido a parar en manos de 8 a 10 grandes grupos económicos”
Apuntó directamente hacia el enriquecimiento de las aseguradoras de fondos de pensiones, planteando que “ellos son los que más se han enriquecido, y especialmente, cuatro grupos de aseguradoras, que cada una de ellas ha acumulado 12 mil millones de dólares desde el inicio de este sistema.”
Explicó que “con datos que son irrefutables se ha determinado que el enriquecimiento a través de las comisiones, de las comisiones fantasmas, de la rentabilidad que ha generado este sistema de pensiones es el enriquecimiento mayor del mercado”. Esto, en perjuicio del sistema público, el cual financia una parte sustantiva de las pensiones del sistema chileno.
Solicita investigación al Ministerio Público
En su exposición, González sostuvo que” los órganos fiscalizadores que controlan el sistema de pensión no han cumplido con sus obligaciones, al contrario, tenemos un sistema público que ha sido capturado por el sector privado.”(…)“Los grandes grupos económicos y el sistema de pensiones se ha transformado más que en regulado en su propio de regulador (…) entonces tanto la Superintendencia de pensiones como el Comité Técnico de Inversiones, como la Comisión Calificadora de Riesgo o la Comisión del Mercado Financiero están capturadas por el sector privado y no cumplen su labor. Al contrario, obedecen a los intereses de las AFP y de los grupos que ha controlado este gran sistema que cubre 2/3 del PIB chileno.”
En razón de estos argumentos, el presidente de la Comisión dijo que “se recomienda la completa abolición y finalmente la derogación del Decreto 3.500. Y que, además, se fiscalice y se aplique sanciones a la Superintendencia de Pensiones, así como a los órganos reguladores.”
El parlamentario planteó, que este informe debe ser enviado al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que todas las denuncias de conflicto de interés, de negligencias, de omisiones, de incumplimiento de obligaciones por parte de los órganos de fiscalización y control, puedan ser debidamente establecidas por la justicia y se apliquen las sanciones correspondientes.
Por último, el diputado PPD instó a sus pares de la Cámara de Diputados a hacer “una autocrítica pública por haber permanecido sin tomar las medidas necesarias durante 40 años para hacer subsistir el actual sistema de pensiones.”