La actual norma aprobada por el SERVEL establece que cada convencional puede gastar hasta un cierto monto de acuerdo a una tabla según distritos. El gasto promedio autorizado es de 246 millones de pesos, cifra exorbitante que resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los postulantes, especialmente en esta elección, donde ha sorprendido el enorme interés con que independientes, organizaciones sociales y ciudadanas han querido participar, poniendo en aprietos el sistema de inscripciones.
En algunos distritos incluso el gasto electoral incluso puede llegar a 468 millones de pesos por cada candidato(a) a constituyente, pone en peligro la igualdad de oportunidades de ser elegidos para los más de 1200 nombres inscritos para la Convención Constitucional que se elige el 11 de abril. Adicionalmente presenta el riesgo de captura de este espacio democrático por el dinero.
Solo los candidatos con fortuna personal o apadrinados por acaudalados empresarios o grupos económicos podrán alcanzar este nivel de inversión. Es sabido además que en muchos casos los gastos reales efectuados por las campañas más ricas superan estos límites, con dinero que surge de fuentes ocultas que invierten en candidaturas afines a sus intereses.
Para la elección de los constituyentes no se tomaron en cuenta las características propias de este nuevo proceso: menor tiempo de duración de la tarea, apenas tres meses de tiempo electoral para la campaña, menor remuneración del cargo, nueva realidad social y económica del país, dificultades para realizar actividades territoriales de campaña, entre otros aspectos.
Sin embargo, el factor más importante que hace la diferencia es que el número y la composición de los candidatos y candidatas es muy distinta al pasado: hay una proporción mayoritaria de nueva ciudadanía, de independientes y dirigentes sociales, no vinculados a los partidos participando, sin otro apoyo ni respaldo que sus propias redes y la fuerza de su convicción por el Cambio.
Su desventaja en recursos disponibles y legalmente legitimados para participar en condiciones de igualdad será inmenso frente a las candidaturas tradicionales vinculadas a los poderes fácticos, o de personas adineradas ligadas a empresas y grupos económicos, cuya participación estará orientada a la mantención de las características esenciales del modelo económico y del orden constitucional existente.
Por lo expuesto, es esencial bajar el límite del gasto para «emparejar la cancha» y superar la inequidad y aberración de los montos actuales. Por ello varios diputados y diputadas hemos ingresado una Reforma Constitucional para disminuir a ¼ el actual gasto electoral autorizado y requerimos una rápida tramitación en la Cámara y el Senado, es una urgencia que debemos hacernos cargo y corregir esta tremenda desigualdad.
Rodrigo González Torres
Vicepresidente Cámara de Diputados