La elaboración de una Constitución en momentos significativamente democráticos para el país, que reemplace la impuesta por la dictadura, abre una oportunidad que ninguna generación anterior de chilena/os tuvo. Para el campo educacional es especialmente importante, dado que la movilización social que lo posibilitó es directa continuidad del sostenido movimiento estudiantil de las últimas décadas Toda/os sabemos que una nueva Constitución no resolverá automáticamente los problemas y limitaciones de la educación chilena pero permitirá darle un marco normativo e institucional más coherente con los deseos de justicia, no discriminación, formación integral y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida.
Esta nueva carta magna debiese avanzar más que la mera declaración de que está destinada al “desarrollo integral de la persona”, e incluir explícitamente menciones a la formación orientada al respeto a los derechos humanos, la paz, la igualdad entre los sexos, la no discriminación, entre otras. La Ley General de Educación y la ley sobre la Nueva Educación Pública avanzaron al respecto, pero sería conveniente definir un marco tan amplio como fundamental que contemple:
- La inclusión; asegurar el acceso, desarrollo y trayectoria educativa de todos quienes formen parte de él, sin ningún tipo de discriminación
- La interculturalidad; reconocer su valor y fortalecer su expresión en los distintos niveles y modalidades del sistema educacional.
- La participación de la comunidades Educativas; garantizando la participación decisiva de los distintos estamentos.
Debe ser explícita en cuanto al resguardo y promoción del derecho universal a la educación; definir la prioridad social que tiene la educación pública por sobre la privada en tanto forma institucional con que se garantiza el derecho universal a la educación, establecer claramente la primacía del derecho a la educación de niñas y niños por sobre los intereses de los dueños de las escuelas, ampliar el contenido del derecho a la educación más allá de la garantía de acceso, y expandir la definición del derecho a la educación para abarcar el curso de la vida y múltiples espacios de aprendizaje más allá de la educación institucionalizada.
La educación pública
Bajo el actual arreglo institucional, se obligó al Estado chileno a tratar a las escuelas públicas y privadas como si fuesen equivalentes, y más aún, todos los incentivos fueron puestos para privilegiar la educación privada. No es casual que, durante el imperio de la actual Constitución, la educación pública haya decrecido hasta niveles extremos, quedando relegada a una opción marginal, sólo para ofrecerse en las zonas, grupos sociales o tipos de estudiantes en que la iniciativa privada no tuviera interés. Y como en un régimen de mercado el interés privado se ajusta a los precios, los políticos se empeñaron en promover la privatización aumentando los recursos públicos y permitiendo cobrar a las familias para estimular la creación de oferta privada a lo largo y ancho de la geografía social. La Constitución democrática debería corregir esta anomalía, definiendo sin ambigüedades que la educación pública tiene un valor social superior a la privada y que, por tanto, el Estado debe priorizarla, poniendo fin a la idea del “Estado subsidiario”. Es lo que han hecho hace mucho tiempo los países desarrollados.
Es la educación pública la que puede garantizar el derecho universal a la educación sin distinciones arbitrarias, la educación privada no, porque su idea es ofrecer un proyecto educativo particularista que sólo convoca a algunos; la educación pública es dirigida colectivamente hacia objetivos sociales, porque responde a autoridades públicas; la educación privada no, porque responde a los mandatos de su propietario. Afortunadamente, la primera piedra de este cambio de concepción ya se puso. Al terminar con la municipalización y reemplazarla por una red nacional de Servicios Locales de Educación Pública, el país inició una etapa, con algunas dificultades todavía que, con la nueva Constitución, debiera profundizarse.