Imagen de: DIPRES
En esta instancia, la Cámara de Diputados busca apoyar a las entidades que componen el CRUCH y que solo en el 2020, dejaron de percibir una suma mayor a los 200 mil millones de pesos por factores de la crisis sanitaria.
Con 81 votos a favor y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados dio a conocer la resolución aprobada, sobre el apoyo para mejorar el déficit que actualmente viven las universidades públicas en Chile. Producto de la pandemia por Covid-19, dejaron de percibir los recursos destinados para la desenvoltura de estas en el mundo de la educación.
Esta causa fue iniciada principalmente por los y las diputadas, Rodrigo González, Giorgio Jackson, Manuel Monsalve, Daniel Núñez, Juan Santana, Mario Venegas, Gonzalo Winter, Camila Vallejo y Cristina Girardi.
En el papel, los diputados plantearon que los fondos estipulados en la Ley de Presupuestos para 2021, no serían suficientes para cubrir gastos, costos y deudas, que pertenecieran a las diversas casas de estudio con vinculación al Consejo de Rectores de Chile (CRUCH), y peor sería para el panorama de desarrollo de proyectos que requieran una cantidad considerable de recursos financieros. Todo esto se ha visto mayormente afectado por causa de la pandemia mundial.
El valor exacto que las instituciones dejaron de percibir en el 2020 es de $79.376 millones por aranceles de matrícula de pregrado, mientras que en las actividades de postgrado, de investigación y de prestación de servicios el valor en pérdida supera los $120.000 millones, en correspondencia con el 2019.
Los legisladores encargados de promover la propuesta, señalaron que el Ministerio de Educación no ha dado respuesta clara para la crisis en la educación, por esta razón es que se ha propuesto un Fondo Especial Transitorio de Emergencia para la Educación Superior Pública, así los recursos que llegarían a las diferentes entidades educacionales serían de liquidez y de manera inmediata, tal como se gestionó en la Ley de Presupuesto en el 2020.
También se plantea en el parlamento la idea de revisar los aranceles de gratuidad y costos reales por cada universidad, así lograr el equilibrio entre ingresos y gastos requeridos, y en suma que las instituciones del CRUCH tengan la facultad de usar al menos hasta un 50% de los remanentes acumulados por pago de deudas del Fondo Solidario de Crédito Universitario.