El Estado debe dar amplias garantías para que se instale la libertad de enseñanza, pero eso no implica elevar la subvención a la categoría de derecho de los dueños de escuelas privadas quienes serían los garantes de la libertad de elección de los padres. Los recursos del Estado son para garantizar el derecho a la educación de la/os niña/os, no la elección de los padres ni los ingresos de los dueños de escuelas privadas. Para que la libertad de enseñanza constituya un enriquecimiento sustantivo del campo educacional, debe desprenderse de la idea de libertad de empresa; también debe renunciar a la idea de reemplazar la educación pública. El derecho a la educación, la no discriminación y el trato digno a niñas y niños deben siempre superponerse al interés particular del propietario de una escuela privada.
Nada de esto tiene que ver con la libertad para discriminar y excluir escudándose en el “proyecto educativo”, menos con el afán de lucro. Resuelto el problema del mercado, el Estado podrá relacionarse de maneras creativas con las escuelas privadas para promover la cooperación con el sector público y apoyar innovaciones que eventualmente se transfieran al conjunto, cambiando la competencia por la cooperación y reconociendo que ambos sectores no son equivalentes. La clave del derecho a la educación es el reconocimiento y valoración de la diversidad de clases sociales, étnica, religiosa, de género, de nacionalidad, y el abandono de propuestas educacionales segregadoras y monoculturales.
El derecho al aprendizaje, siendo el fin último de la educación, es el más difícil de garantizar, es difícil controlar todos los factores que inciden en el aprendizaje de cada persona en las diferentes etapas de su vida, sin embargo al menos podemos garantizar las condiciones materiales definidas como recursos para el aprendizaje: materiales, textos y tiempo, y ahora, post-pandemia, debiésemos pensar en la conectividad. Lo segundo es un currículum que sea desafiante, relevante e integral, y que no prepare solo para pruebas estandarizadas de conocimientos, sino para aprender a aprender, a convivir, a hacer y a ser, en los dominios cognitivo y social. Y lo tercero, es un equipo de profesionales docentes competentes, cuyas prácticas se ajustan al estado del conocimiento sobre la enseñanza/aprendizaje y a elevados códigos de ética de la profesión docente.
Educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida
Por último, aunque la mayor parte del contenido sustantivo del derecho a la educación se ha garantizado históricamente a través de la escolarización universal (básica, media) y el acceso no discriminatorio a los niveles no obligatorios (pre-escolar, superior), debemos ampliar la visión sobre el derecho a la educación para incluir instancias de aprendizaje y desarrollo a lo largo de la vida, es decir, durante la adultez y la vejez, y a lo ancho de la vida, es decir, más allá del sistema educacional formal.
El Estado debiese comprometerse a ofrecer oportunidades masivas de educación y aprendizaje para adultos y personas de la tercera y cuarta edad. Por otro lado, muchos adultos jóvenes, especialmente provenientes de clases bajas, tienen dificultades para aprovechar la primera oportunidad educacional, y a los 18 años, incluso antes, se ven fuera o marginados del sistema educacional; un compromiso genuino con la equidad educativa debiese considerar segundas y terceras oportunidades para todo/as, como hacen con sus hijo/as las familias de la clase alta. Actualmente la Educación de adultos y jóvenes no responde a estos requerimientos pues el mismo sistema la desestima, no la considera ni la financia como debiera.
En resumen esta nueva Constitución debiera reconocer el valor superior a la educación pública por sobre la privada; transformar la libertad de enseñanza en diversidad y derecho para niñas(os) y jóvenes; asegurar no solo acceso sino mejores posibilidades de aprendizaje y consagrar el derecho a estudiar en distintos momentos de la vida.