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Las bancadas de oposición en Chile acordaron este martes presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, luego de revelarse un acuerdo de compraventa por la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, donde la familia del mandatario vendió su parte del proyecto a uno de sus amigos cercanos, el empresario Carlos Alberto Délano.
Los hechos fueron revelados este domingo en los papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en Chile estuvo a cargo de LaBot y Ciper y que también fue publicada en España por El País. Los documentos explican que una de las cláusulas del pago a los Piñera era que el gobierno chileno no declarara reserva natural en la zona donde se establecería la Minera Dominga.
Según los parlamentarios, los hechos conocidos en los “Piñera Papers” infringen las normas de probidad, de acuerdo al artículo 8° de la Constitución, y “afectan la honra de la nación”.
“Nuestros equipos jurídicos ya están trabajando en la redacción del libelo acusatorio”, dijo el jefe de la bancada socialista, Jaime Naranjo. El diputado de oposición explicó que los motivos y fundamentos de la acusación estarán basados en que el mandatario habría violado las leyes “por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria”, tras la investigación que reveló una operación por US$ 152 millones en 2010 y en la que se menciona al mandatario chileno.
Por su parte, el jefe de la bancada DC Gabriel Ascencio, señaló que “los hechos denunciados son muy graves y ya lindan con el cohecho, son escandalosos”.
Ascencio asumió que no hay una opinión única en la bancada falangista al respecto, aludiendo a los dichos del diputado Matías Walker –candidato a senador- quien se declaró “partidario en principio de establecer una comisión especial investigadora”. Al respecto, Ascencio dijo como jefe de bancada buscará la “máxima unidad en nuestra bancada”. “Mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la DC. Pero es una apuesta”, indicó.
Antes de la primera vuelta
El objetivo es presentar el documento la próxima semana y que se vote antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.
“Si permitimos que el Presidente siga humillando al país, sin ejercer nuestro rol, nos convertimos en cómplices”, dijo Gonzalo Winter para justificar la ofensiva opositora.
Al respecto, el jefe de bancada del Partido Comunista, Daniel Núñez, dijo que “es importante que la ciudadanía sepa y conozca las actitudes indecorosas, por ser sutil, que ha tenido Sebastián Piñera como Presidente de la República y cómo ha comprometido el honor de la nación al privilegiar el lucro por sobre la defensa del medioambiente”.
Núñez añadió que si bien se ha dicho que los hechos estarían prescritos, Sebastián Piñera no ha puesto la firma a la creación de una área costera marina protegida en la comuna de La Higuera. “Y eso está absolutamente vinculado a la venta del proyecto Dominga, a la tercera cláusula”, indicó el parlamentario PC.
En Chile, una acusación constitucional es un mecanismo del Congreso que busca esclarecer responsabilidades políticas en altos cargos públicos por alguna infracción a la carta magna. Tras un juicio político, el acusado podría ser destituido o inhabilitado del ejercicio del cargo.
Anteriormente, Piñera ya había negado cualquier tipo de irregularidad en la compraventa del proyecto minero Dominga.
Según Ciper y LaBot , que ventilaron los detalles de los movimientos de la familia presidencial con la venta de acciones de Minera Dominga a Carlos Alberto Délano, fue en diciembre del 2010 cuando la familia Délano compró la participación de todos los otros socios de Minera Dominga por la suma de US$ 152 millones, que incluyó las acciones de la familia Piñera Morel. Parte de dicha operación se realizó en Chile (US$14 millones), pero la transacción mayor se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas y fue por US$138 millones, que se pagarían en 3 cuotas, estando la última sujeta a que no se cambiaran las reglas del juego para el proyecto. De ahí es que resurgieron las dudas sobre cuánto pudo influir el presidente Piñera en el camino de aprobación de este proyecto.
El martes, cuando Piñera salió a dar explicaciones por los «Pandora Papers» aludió a esta amenaza de una acusación constitucional, señalando que el libelo “no tiene ningún fundamento”. Por su parte, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, insistió en que el libelo se enmarca en una “lógica de golpe blanco inaceptable» y corresponde a un “aprovechamiento político”.